La legislación principal es la Electronic Transactions Act 1999 (Cth), que facilita el uso de transacciones y firmas electrónicas a nivel nacional, incluyendo en Australia Occidental. Esta ley se complementa con la Electronic Transactions (Western Australia) Act 2011, que refleja las disposiciones federales para garantizar la consistencia. Para contratos específicos, como aquellos que involucran propiedades reales, pueden aplicarse requisitos adicionales bajo las leyes estatales de transferencia de propiedad.