En Australia, las firmas electrónicas están reguladas por la Ley de Transacciones Electrónicas de 1999 (Cth) y la legislación estatal correspondiente, como la Ley de Transacciones Electrónicas de 2000 (NSW). Estas leyes reconocen las firmas electrónicas como equivalentes a las firmas tradicionales si identifican de manera confiable al firmante e indican la intención de firmar. En disputas, los tribunales evalúan el cumplimiento de estas leyes, enfocándose en los métodos de autenticación y los rastros de auditoría proporcionados por la plataforma de firma electrónica.